El proyecto, titulado “Por medio del cual se adoptan medidas en materia de impuesto predial unificado, se modifica parcialmente la Ley 44 de 1990, se deroga la Ley 1995 de 2019 y se dictan otras disposiciones”, propone aumentos graduales basados en el avalúo catastral. Para predios urbanos y rurales con avalúos superiores a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, se plantea un aumento máximo del 300%.
Según lo informado por Semana, la propuesta asigna a las alcaldías la decisión sobre las tarifas, promoviendo la autonomía local. Sin embargo, genera preocupación entre los ciudadanos, siendo percibida como un impacto negativo en medio de un contexto económico desafiante. El senador David Luna de Cambio Radical expresó su desacuerdo, calificando la iniciativa como «la tapa del descaro» y llamando a un «no colectivo» por parte de los congresistas.
El Gobierno, a través de los ministros Bonilla y Mojica, destaca que los límites al crecimiento del impuesto no aplicarán a las ciudades capitales que adopten el régimen de Bogotá, Distrito Capital. Aunque el proyecto será discutido en 2024, ya provoca fuertes reacciones y debates sobre su impacto en la sociedad y la economía del país.
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