El paro armado, impulsado por los Comandos Bolivarianos de la Frontera y el frente Carolina Ramírez, ambos grupos disidentes de las Farc, ha desencadenado una lucha por el control territorial en los dos departamentos. Esta disputa ha llevado a la imposición de restricciones en la movilidad fluvial, afectando gravemente a los habitantes de Solano, Milán, Solita, Curillo, Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo. El temor a un inminente enfrentamiento armado, con la población civil en medio, aumenta la preocupación de las autoridades locales, quienes alertan sobre posibles homicidios selectivos, masacres y desplazamientos masivos.
La Defensoría del Pueblo, consciente de la vulneración de derechos fundamentales, participó en un consejo extraordinario de seguridad. En este espacio, se solicitó la apertura de un corredor humanitario para abastecer a las comunidades afectadas, cuyo confinamiento ya genera impactos negativos en la salud de campesinos e indígenas. El corredor humanitario ha sido habilitado con el acompañamiento de funcionarios de la Defensoría del Pueblo y otros representantes de organismos nacionales e internacionales. El llamado es claro: es imperativo restaurar el orden público con la intervención de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para garantizar los derechos de quienes sufren las consecuencias de las acciones indiscriminadas de las disidencias de las Farc y la ausencia notoria de los cuerpos de seguridad del Estado.
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